Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
