Por 71 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en que se solicita al presidente Gabriel Boric, que se ordene expropiar los terrenos de la Macrozona Sur, en los cuales existan antecedentes de albergar a “grupos agitadores del orden público”, como por ejemplo el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La presentación fue realizada por el diputado Republicano Juan Irarrázaval, quien -a nombre de sus pares firmantes del documento Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Agustín Romero, Stephan Schubert y Renzo Trisotti-, recordó que en la última Cuenta Pública presidencial, el Mandatario anunció la expropiación de los predios de la exColonia Dignidad, en la región del Maule, con el fin de convertirlo en “lugar de memoria”, ante las violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido allí. Lee también... Cordero por Temucuicui: Queipul puede decir lo que quiera, pero es un territorio sometido al Estado Martes 29 Abril, 2025 | 10:43 En el documento se recordó que “el procedimiento expropiatorio en nuestra legislación se justifica por las siguientes causas: Utilidad pública, interés social e interés nacional”. Asimismo, que hace más de dos años una parte importante de la Macrozona Sur está bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, dada la amenaza al orden y seguridad pública que un significativo número organizaciones criminales representan, cuales cuatro fueron declaradas comoorganizaciones terroristas por la Cámara Diputados,Coordinadora Arauco Malleco(CAM),Resistencia Mapuche Malleco,Resistencia Mapuche LafkencheWeichan Auka Mapu,también debe sumarseLiberación Nacional Mapuche. Fuente: BioBioChile
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación. Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de manera precisa el texto considerando además las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1ºde abril a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica. Hasta entonces él era funcionario del Ministerio del Interior donde arribó en noviembre del 2022. En ese rol anteriormente mencionado tenía un papel importante al seguir los proyectos legislativos y apoyar las relaciones entre Congreso y Gobierno. Además tuvo varios pasos por comisiones legislativas durante su tiempo en Interior. José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano también abogado con una destacada trayectoria académica previa a su ingreso al mundo laboral como abogado penalista especializado principalmente en causas relacionadas con delitos económicos. Fuente: La Tercera Nacional
Por 71 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en que se solicita al presidente Gabriel Boric, que se ordene expropiar los terrenos de la Macrozona Sur, en los cuales existan antecedentes de albergar a “grupos agitadores del orden público”, como por ejemplo el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La presentación fue realizada por el diputado Republicano Juan Irarrázaval, quien -a nombre de sus pares firmantes del documento Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Agustín Romero, Stephan Schubert y Renzo Trisotti-, recordó que en la última Cuenta Pública presidencial, el Mandatario anunció la expropiación de los predios de la exColonia Dignidad, en la región del Maule, con el fin de convertirlo en “lugar de memoria”, ante las violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido allí. Lee también... Cordero por Temucuicui: Queipul puede decir lo que quiera, pero es un territorio sometido al Estado Martes 29 Abril, 2025 | 10:43 En el documento se recordó que “el procedimiento expropiatorio en nuestra legislación se justifica por las siguientes causas: Utilidad pública, interés social e interés nacional”. Asimismo, que hace más de dos años una parte importante de la Macrozona Sur está bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, dada la amenaza al orden y seguridad pública que un significativo número organizaciones criminales representan, cuales cuatro fueron declaradas comoorganizaciones terroristas por la Cámara Diputados,Coordinadora Arauco Malleco(CAM),Resistencia Mapuche Malleco,Resistencia Mapuche LafkencheWeichan Auka Mapu,también debe sumarseLiberación Nacional Mapuche. Fuente: BioBioChile
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación. Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de manera precisa el texto considerando además las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1ºde abril a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica. Hasta entonces él era funcionario del Ministerio del Interior donde arribó en noviembre del 2022. En ese rol anteriormente mencionado tenía un papel importante al seguir los proyectos legislativos y apoyar las relaciones entre Congreso y Gobierno. Además tuvo varios pasos por comisiones legislativas durante su tiempo en Interior. José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano también abogado con una destacada trayectoria académica previa a su ingreso al mundo laboral como abogado penalista especializado principalmente en causas relacionadas con delitos económicos. Fuente: La Tercera Nacional
