La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
