Desde el pasado 27 de abril, las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, ubicadas en la Región del Biobío, han estado bajo toque de queda, una acción impuesta por el Gobierno tras el trágico asesinato de tres miembros de Carabineros. Más de una semana después, la medida continúa en vigor y su extensión dependerá de la necesidad, según lo anunciado por las autoridades. La investigación del crimen sigue activa, con un amplio despliegue de recursos en la zona y un refuerzo en la seguridad. Este martes, l a delegada regional Daniela Dresdner se reunió con los alcaldes de las comunas del sur de la Provincia de Arauco para evaluar la efectividad del toque de queda. Según Dresdner, los líderes comunales expresaron su conformidad con la medida, aunque hubo algunas dificultades iniciales con los horarios que se han ido resolviendo. Actualmente, el toque de queda rige desde la medianoche hasta las 6:00 horas. Respecto a su duración, Dresdner explicó que se discutió en una mesa interagencial, donde las policías y las Fuerzas Armadas concordaron en mantenerlo mientras sea necesario para la investigación en curso y para garantizar la seguridad ciudadana. Aunque no se han reportado detenciones durante el toque de queda, se han realizado controles, principalmente de identidad. Dresdner informó que la mayoría de las personas controladas tenían salvoconducto, y los casos sin permiso estaban relacionados con confusiones en los horarios. Estas reuniones también sirvieron para analizar cómo las comunidades han afrontado las restricciones de movilidad. En este sentido, se resaltó la importancia de recopilar información para ajustar las medidas según las necesidades locales.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul este martes, tras ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad. La decisión llega después de que el pasado 22 de abril se estableciera su culpabilidad y se fijara la fecha para la lectura definitiva del fallo. En un veredicto detallado, el tribunal impuso a Llaitul 15 años por los delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, específicamente por infringir las disposiciones contempladas en sus artículos seis, letras C y F. Estos actos fueron cometidos en tres ocasiones distintas: el 8 de enero y el 24 de junio de 2020, así como el 20 de julio de 2022. Adicionalmente, Llaitul fue condenado a cinco años por un caso consumado de hurto simple perjudicando a Forestal Arauco el día 12 marzo del año anterior. Esta pena viene acompañada por una multa económica equivalente a once unidades tributarias mensuales. La usurpación violenta también figura entre los cargos probados contra él. Por estos hechos reiterados que afectaron tanto a Forestal Arauco como al ciudadano Jorge Pena, se le asignó una multa adicional consistente en quince unidades tributarias mensuales. Por último, se le atribuyó una pena adicional correspondiente a tres años por atentar contra autoridades públicas. Durante todo este tiempo deberá además abstenerse ocupar cualquier cargo público. El tribunal subrayó que no proceden penas sustitutivas para Llaitul según lo estipulado por la ley número 18.216; es decir, deberá cumplir íntegramente las penas privativas libertad impuestas sin posibilidad alguna alternativa penal menos severa. El conteo formal comenzará desde el día señalizado como inicio efectivo: el 25 agosto del año pasado (2022). Cabe destacar que durante el proceso judicial liderado por Roberto Garrido - Fiscal Regional - se había solicitado inicialmente una pena total mayor: hasta veinticinco años tras las rejas para Héctor Llaitul.
El tribunal ratificó la medida de arresto domiciliario total para la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, luego de que la Fiscalía presentara informes de incumplimiento de su cautelar. Fuica no respondió a los llamados de la policía en al menos tres ocasiones. La concejala había estado en prisión preventiva tras su detención en enero, relacionada con el caso Democracia Viva, que también involucra a Daniel Andrade y al exseremi Carlos Contreras. En marzo, se cambió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa presentó justificaciones médicas de acuerdo a lo consignado por SoyAntofagasta. La Fiscalía busca garantías para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, dada la gravedad de las acusaciones.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
Un alarmante incidente ha conmocionado a la comunidad en el sector Pejerrey de Linares, donde un video viralizado en redes sociales muestra a una mujer empujando a un adulto mayor a las aguas del río Achibueno. Según testimonios, la agresora argumentó que el área era de su propiedad privada. El suceso tuvo lugar en el camping Achionda, donde la presunta propietaria del campamento confrontó al hombre identificado como Miguel Benavente, quien paseaba por el borde del río junto a su nieta. Desde la Municipalidad de Linares anunciaron medidas legales contra la mujer agresora, subrayando la necesidad de combatir la intolerancia y proteger a los adultos mayores. Además, recalcaron que las riberas de los lagos y ríos son consideradas bienes nacionales de uso público. La diputada Paula Labra, representante de la región del Maule, condenó enérgicamente el acto de violencia contra el adulto mayor. Solicitó al municipio información sobre las acciones legales a emprender y los permisos de funcionamiento del camping. También dirigió una solicitud a la Seremi de Bienes Nacionales para la fiscalización del sector, recordando que debe existir acceso libre al río. En respuesta al incidente, un familiar de la mujer implicada alegó que esta se defendió de una supuesta agresión por parte del adulto mayor, quien habría golpeado repetidamente su pecho. Añadió que llamaron a Carabineros, pero estos no acudieron. #LINARES : Mujer empuja al río a un adulto mayor reclamando que era propiedad privada. El incidente ocurrió en Camping Achionda, luego de que la dueña del campamento confrontara al hombre que paseaba por el río junto su nieta. Según la agresora, ese espacio era propiedad privada. pic.twitter.com/ZB8Jsuc6oi — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) April 29, 2024 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linares Municipalidad (@linaresmunicipalidad)
Desde el pasado 27 de abril, las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, ubicadas en la Región del Biobío, han estado bajo toque de queda, una acción impuesta por el Gobierno tras el trágico asesinato de tres miembros de Carabineros. Más de una semana después, la medida continúa en vigor y su extensión dependerá de la necesidad, según lo anunciado por las autoridades. La investigación del crimen sigue activa, con un amplio despliegue de recursos en la zona y un refuerzo en la seguridad. Este martes, l a delegada regional Daniela Dresdner se reunió con los alcaldes de las comunas del sur de la Provincia de Arauco para evaluar la efectividad del toque de queda. Según Dresdner, los líderes comunales expresaron su conformidad con la medida, aunque hubo algunas dificultades iniciales con los horarios que se han ido resolviendo. Actualmente, el toque de queda rige desde la medianoche hasta las 6:00 horas. Respecto a su duración, Dresdner explicó que se discutió en una mesa interagencial, donde las policías y las Fuerzas Armadas concordaron en mantenerlo mientras sea necesario para la investigación en curso y para garantizar la seguridad ciudadana. Aunque no se han reportado detenciones durante el toque de queda, se han realizado controles, principalmente de identidad. Dresdner informó que la mayoría de las personas controladas tenían salvoconducto, y los casos sin permiso estaban relacionados con confusiones en los horarios. Estas reuniones también sirvieron para analizar cómo las comunidades han afrontado las restricciones de movilidad. En este sentido, se resaltó la importancia de recopilar información para ajustar las medidas según las necesidades locales.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul este martes, tras ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad. La decisión llega después de que el pasado 22 de abril se estableciera su culpabilidad y se fijara la fecha para la lectura definitiva del fallo. En un veredicto detallado, el tribunal impuso a Llaitul 15 años por los delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, específicamente por infringir las disposiciones contempladas en sus artículos seis, letras C y F. Estos actos fueron cometidos en tres ocasiones distintas: el 8 de enero y el 24 de junio de 2020, así como el 20 de julio de 2022. Adicionalmente, Llaitul fue condenado a cinco años por un caso consumado de hurto simple perjudicando a Forestal Arauco el día 12 marzo del año anterior. Esta pena viene acompañada por una multa económica equivalente a once unidades tributarias mensuales. La usurpación violenta también figura entre los cargos probados contra él. Por estos hechos reiterados que afectaron tanto a Forestal Arauco como al ciudadano Jorge Pena, se le asignó una multa adicional consistente en quince unidades tributarias mensuales. Por último, se le atribuyó una pena adicional correspondiente a tres años por atentar contra autoridades públicas. Durante todo este tiempo deberá además abstenerse ocupar cualquier cargo público. El tribunal subrayó que no proceden penas sustitutivas para Llaitul según lo estipulado por la ley número 18.216; es decir, deberá cumplir íntegramente las penas privativas libertad impuestas sin posibilidad alguna alternativa penal menos severa. El conteo formal comenzará desde el día señalizado como inicio efectivo: el 25 agosto del año pasado (2022). Cabe destacar que durante el proceso judicial liderado por Roberto Garrido - Fiscal Regional - se había solicitado inicialmente una pena total mayor: hasta veinticinco años tras las rejas para Héctor Llaitul.
El tribunal ratificó la medida de arresto domiciliario total para la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, luego de que la Fiscalía presentara informes de incumplimiento de su cautelar. Fuica no respondió a los llamados de la policía en al menos tres ocasiones. La concejala había estado en prisión preventiva tras su detención en enero, relacionada con el caso Democracia Viva, que también involucra a Daniel Andrade y al exseremi Carlos Contreras. En marzo, se cambió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa presentó justificaciones médicas de acuerdo a lo consignado por SoyAntofagasta. La Fiscalía busca garantías para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, dada la gravedad de las acusaciones.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
Un alarmante incidente ha conmocionado a la comunidad en el sector Pejerrey de Linares, donde un video viralizado en redes sociales muestra a una mujer empujando a un adulto mayor a las aguas del río Achibueno. Según testimonios, la agresora argumentó que el área era de su propiedad privada. El suceso tuvo lugar en el camping Achionda, donde la presunta propietaria del campamento confrontó al hombre identificado como Miguel Benavente, quien paseaba por el borde del río junto a su nieta. Desde la Municipalidad de Linares anunciaron medidas legales contra la mujer agresora, subrayando la necesidad de combatir la intolerancia y proteger a los adultos mayores. Además, recalcaron que las riberas de los lagos y ríos son consideradas bienes nacionales de uso público. La diputada Paula Labra, representante de la región del Maule, condenó enérgicamente el acto de violencia contra el adulto mayor. Solicitó al municipio información sobre las acciones legales a emprender y los permisos de funcionamiento del camping. También dirigió una solicitud a la Seremi de Bienes Nacionales para la fiscalización del sector, recordando que debe existir acceso libre al río. En respuesta al incidente, un familiar de la mujer implicada alegó que esta se defendió de una supuesta agresión por parte del adulto mayor, quien habría golpeado repetidamente su pecho. Añadió que llamaron a Carabineros, pero estos no acudieron. #LINARES : Mujer empuja al río a un adulto mayor reclamando que era propiedad privada. El incidente ocurrió en Camping Achionda, luego de que la dueña del campamento confrontara al hombre que paseaba por el río junto su nieta. Según la agresora, ese espacio era propiedad privada. pic.twitter.com/ZB8Jsuc6oi — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) April 29, 2024 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linares Municipalidad (@linaresmunicipalidad)
