Dar una protección penal especial a los profesionales de la educación y a los funcionarios de los servicios de salud, es el objetivo principal del proyecto –en segundo trámite- que está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, al cual el Ejecutivo le puso urgencia de discusión inmediata para su tramitación. La iniciativa, originada en una moción de diputados, establece en el Código Penal un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud
En lo fundamental, señala que el que hiera, golpee o maltrate de obra a un profesional de la educación que preste servicio en establecimientos educacionales pre-básicos, básico, y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, o a un funcionario de un servicio de salud, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de ella, será castigado con las siguientes sanciones.
1º. Con la pena de presidio mayor en su grado medio (de 10 años y un día a 15 años) si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º. Con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º. Con presidio menor en grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años), si le causa lesiones menos graves
4º. Con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, sólo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.
Según los autores de la iniciativa la ley sólo regula los actos de agresión u hostigamiento realizados entre estudiantes, dejando fuera al resto de integrantes de la comunidad escolar que también son víctimas de abusos y malos tratos, como lo son los profesores.“En los últimos años, se ha incrementado las agresiones de padres y/o apoderados, a partir de la percepción, por parte de los adultos agresores, de que las conductas de los profesores hacia sus hijos e hijas, correspondería a abusos o excesos, en su rol docente”, señala el proyecto.
